Ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el contralor general Nelson Shack informó que durante las acciones de control posterior realizadas por esa institución se ha identificado a un total de 8,730 funcionarios, entre directivos, profesionales, técnicos y titulares, con presunta responsabilidad sobre malos manejos de los fondos públicos.

En ese contexto, afirmó que la Contraloría está facultada para abrir procesos sancionadores a mil de estos servidores.

Durante una exposición de las actividades de control concurrente realizadas por la Contraloría en el año 2022, Shack refirió que en ese periodo se realizaron 2,189 servicios de control recurrente, en los que se detectaron 8,771 situaciones adversas en obras de inversión pública, la mayoría de ellas en los sectores de transporte, educación, saneamiento, vivienda y salud.