El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas, supervisando su eficaz funcionamiento; asimismo, garantiza el pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones que éste administra, con arreglo a las previsiones presupuestarias que destine para tales efectos y a las posibilidades de la economía nacional. (Artículos 10º y 11º de la Constitución Política del Perú).