La última subasta de fondos de Reactiva Perú, realizada el 15 de setiembre, fue declarada desierta para los cuatro niveles de garantía. Esto ocurrió cuando aún faltan colocar S/5.200 millones (alrededor del 17% del total de recursos) del segundo tramo de este programa, que apuntaba a tener una mayor penetración en las microempresas y pequeñas empresas (mypes).
Jorge Ochoa, presidente del Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), remarcó que esta desaceleración en las colocaciones ya se observaba desde semanas pasadas y que en el sector se percibe que las empresas del sistema financiero son las que no quieren asumir fondos para colocar.
“No se ha tenido interés [en participar] e, incluso, a clientes que accedieron a la primera fase de Reactiva les dijeron que no califican para esta segunda fase”, indicó.
Sin embargo, desde la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc) -que agrupa al BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank- explicaron a este Diario que lo que ocurre es que “ya se ha atendido a todos los sujetos de crédito que califican, según las condiciones establecidas”.
“Los costos y riesgos que implicaría atender a las empresas que aún no acceden a estos créditos superan con creces las tasas de interés que es posible cobrar”, detalló el gremio, remarcando además que estos créditos no generan margen de utilidad, debido al importante esfuerzo operativo que implican. “Si bien el riesgo de crédito es mitigado por la garantía gubernamental, el costo y riesgo operativo sigue siendo alto”, anotó.
Fernando Ruiz Caro, presidente de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) y presidente de Caja Cusco, sostuvo que el freno para la colocación de créditos responde al diseño que limita la participación de las empresas más vulnerables. Esto, pese a que se realizaron –a solicitud de ellos– algunas modificaciones en los requisitos.
En otras palabras, lo que ocurre es que “las empresas del sistema financiero estuvieron privilegiando a los clientes menos riesgosos”, indicó Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas.
Además, indicó que desde un principio se observó que el diseño del programa limitaría su alcance en las empresas más vulnerables, pues -eventualmente- las tasas de interés no cubriría los costos operativos y de riesgo.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) detalló a este Diario que el plazo para dar las garantías del Gobierno a los créditos otorgados vía este programa está vigente hasta el 30 de setiembre, según estableció el decreto supremo 154-2020-EF.
“La conveniencia de la ampliación del plazo es un tema que requiere una evaluación en coordinación con el Banco Central de Reserva”, explicaron.
Así, Segura indicó que se debe optar por cambiar los parámetros en el diseño del programa a fin de que tenga una mayor cobertura, lo que incluye aumentar las tasas de interés.
Su relevancia radica en que las empresas que aún no acceden son las que representan un mayor riesgo para las financieras.
