El Gobierno proyecta que todas las entidades estatales, a partir de julio del 2022, ya apliquen obligatoriamente lo establecido en el Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, que aprueba el reglamento sobre el proceso de mejora de calidad de las normas y fija los lineamientos generales para el análisis de impacto regulatorio (AIR).

Así lo afirmó la secretaria de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Sara María Arobes Escobar, quien reveló que durante esta primera etapa del proceso “se trabaja mucho” en lo que es la capacitación del personal de las instituciones públicas.

“Lo primero que estamos haciendo es capacitar a los servidores de los 10 ministerios y entidades estatales que formarán parte del programa piloto”, explicó en diálogo con el Diario Oficial El Peruano.

Fase

En esta primera fase, refirió, participarán los ministerios de la Producción, de Comercio Exterior y Turismo y del Ambiente, así como el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), entre otros.

La PCM trajo a expertos internacionales de la Unión Europea (UE) y al expresidente de la agencia regulatoria de México para este tema, refirió. Ellos, dijo, trabajan junto con especialistas nacionales “porque primero hay que capacitar, debe haber claridad en los conceptos. Es necesario cambiar la cultura sobre cómo se hacen las normas”.

“Empezamos con este piloto y calculamos que en julio del próximo año será obligatoria la aplicación de esta metodología del análisis del impacto regulatorio. Obviamente, es una reforma de mediano y largo plazo con todas las complejidades que implica cambiar la manera como se elaboran las normas. Será progresivo el proceso”, recalcó.

Arobes recordó que desde la PCM, mediante la Secretaría de Gestión Pública, se desarrolla un conjunto de reformas en el aparato estatal. “En el 2017 empezamos con la revisión de todos los trámites del Poder Ejecutivo y pudimos reducirlos en 30%. Además, generamos un ahorro de 286 millones de soles”, resaltó.

“Entonces, hemos seguido avanzando con esta reforma de la calidad regulatoria. Estamos también en el proceso de implementar un proceso único de trámites y justamente la aprobación de este Decreto Supremo N° 063-2021-PCM, que establece los lineamientos para el análisis del impacto regulatorio, marca un hito sumamente importante”, señaló.

El Estado, explicó, produce una serie de normas y la manera de como se elaboran y las regulaciones tienen décadas. “¿Qué buscamos con este decreto supremo? Uno, establecer que para la elaboración de los proyectos normativos las entidades públicas –en este caso estamos empezando con el Ejecutivo– deberán desarrollar una práctica predecible y transparente”.

“Esto significa que, al momento en que estén planificando potenciales normas, fijen una agenda en sus páginas institucionales en la que los interesados, los empresarios, los ciudadanos, la universidad, accedan a la información respecto a qué busca regular o normar una entidad pública. Así, se mostrará transparencia y predictibilidad”, recalcó.

Un segundo paso, señaló, es que cuando las entidades públicas decidan empezar sus procesos “revisen, busquen data, evidencia, pero también consulten a los potenciales afectados por la norma”.

“Y no solo estamos hablando de gremios, sino también pueden ser ciudadanos, universidades. Entonces, que se consulte para efectos de contar con mejor información, porque a veces sucede que se hace una norma de escritorio y no sabemos cuál será el efecto en los ciudadanos, las empresas o algún tipo de organización”, expresó.

Antes de normar, reafirmó, las entidades efectuarán un análisis para determinar los potenciales impactos, pero también si se necesita la disposición porque se podría generar un sobrecosto o costos innecesarios a los ciudadanos y a las compañías.

Utilización

Arobes manifestó que esta metodología no es nueva, pues en la región, desde hace más de 20 años, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), de México, asumió la responsabilidad de que las entidades públicas en ese país efectúen el análisis porque lo que se busca es generar ahorros a la economía.

“Hay discusiones respecto a la necesidad de normar. Muchas veces, la primera opción que vemos frente a un tipo de problema que afecta a las sociedades es emitir una norma, un decreto, una ley, pero la gran pregunta es si es necesario y, si es necesario, cuál será el impacto”, puntualizó.

Consulta y Transparencia

El artículo 14 del reglamento señala que “con el objetivo de lograr la transparencia, predictibilidad, apertura y participación activa en el proceso de producción normativa, la entidad pública programa y organiza la consulta pública, en sus dos modalidades, de manera oportuna en el diseño y desarrollo del AIR”.

Sara María Arobes sostuvo que en este mecanismo de impacto regulatorio, de acuerdo con lo que se quiera normar, se pueden organizar los focus group, talleres previos a la elaboración de una disposición o decidir por una prepublicación para recibir los comentarios de la ciudadanía.

“A la par, existe la posibilidad de convocar a grupos de expertos porque a veces se analizan normas muy técnicas, muy especializadas; entonces lo mejor es consultar a los entendidos en la materia”, detalló.

La funcionaria reveló que “utilizamos una gama de opciones porque tampoco queremos que el uso de esta metodología se vuelva una barrera para la gestión pública. Al contrario, queremos que sea un instrumento para la toma de decisiones”.