Ministros, viceministros y altas autoridades de países de América Latina reconocieron y relevaron el papel del Estado en los procesos de recuperación pospandemia en una cita del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES).

Durante la inauguración de la Decimoctava Reunión del Consejo Regional de Planificación (CRP) del ILPES, la organización instó a “construir instituciones resilientes para enfrentar los complejos desafíos del desarrollo”.

“La recuperación transformadora requiere de una institucionalidad con capacidades renovadas para interpretar y trabajar en contextos complejos y con altos niveles de incertidumbre”, destacó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de la que el CRP es un órgano subsidiario.

Instituciones

Desde la Cepal presentaron un documento que señala que la pandemia de la covid-19 sorprendió a la región, que suma 45.5 millones de infectados y 1.5 millones muertos, con “pocas herramientas”.

La crisis “evidenció los rezagos estructurales, la necesidad de visibilizar el insustituible papel del Estado” y de “construir instituciones resilientes”, agregó Bárcena.

En el 2020, la región fue una de las más afectadas por el covid-19 en términos sanitarios y económicos, y sufrió una caída del producto bruto interno (PBI) del 6.8% –la mayor recesión en 120 años– y un aumento de la pobreza y la pobreza extrema hasta el 33.7% y 12.5%.

Desde el consejo destacaron ocho sectores estratégicos que pueden potenciar la inversión, el crecimiento y reducir las desigualdades socioeconómicas y de género.

La transición hacia las energías renovables, la economía del cuidado, la electromovilidad y la revolución digital inclusiva son algunas de ellas.

También ensalzó la relevancia de impulsar la industria manufacturera de la salud, la bioeconomía, la economía circular y el turismo sostenible.

El 70% de los países de la región cuenta con menos de seis Objetivos de Desarrollo Sostenible, cinco sobre igualdad de género y empoderamiento de la mujer y solo 7% tiene más de 10 objetivos asociados.

Al servicio del ciudadano

El documento subraya la “importancia avanzar hacia un Estado abierto y de consolidar el gobierno digital” que permita acceder la información y la gestión pública al ciudadano para fortalecer la confianza en las decisiones del Estado.

De los 33 miembros de América Latina y el Caribe, 23 (70%) han adoptado leyes de acceso a la información pública, según datos de la Cepal.

En tanto, 8 (24%) han sancionado leyes de participación pública y 24 (73%) han ratificado el Acuerdo de Escazú, el primer gran tratado latinoamericano sobre derechos ambientales.

Asimismo, el consejo instó a integrar la perspectiva de género en todos los aspectos de la gestión pública.