El Proceso Contencioso Administrativa previsto en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. El proceso contencioso administrativo, entonces, pretende asegurar el mantenimiento del delicado equilibrio existente entre la Administración y los administrados, entre el interés privado y el interés público, a través del control jurisdiccional de los actos de la Administración.

Para los efectos de la Ley Nº 27584, Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo. Resulta evidentemente más correcto definirlo como un proceso y no como una acción, toda vez que la acción es más bien el derecho público subjetivo que permite acudir a los tribunales o autoridad jurisdiccional para la resolución de un conflicto de intereses o la corrección de una situación de incertidumbre jurídica. El proceso, por otro lado, es el mecanismo a través del cual se ejerce el derecho de acción.

Asimismo, es erróneo calificar este proceso como un recurso, puesto que no configura una instancia adicional en la jerarquía del procedimiento administrativo, sino más bien un mecanismo jurisdiccional para configurar el control de la Administración Pública.