El director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Eduardo Luna Cervantes, precisó que una de las líneas de trabajo de la autoridad, que está a su cargo, es la respuesta a las interrogantes que pueden formular entidades públicas y organizaciones privadas.
Atención
“Todas las consultas que recibimos son absueltas por varias vías, con documentos formales que denominamos opiniones consultivas. Por ejemplo, entre las autoridades de transparencia y de protección de datos personales se emitieron cerca de 80 documentos sobre la interpretación y aplicación de la ley”, afirmó.
El funcionario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) sostuvo que se atiende, además, en forma presencial, por correo electrónico o teléfono. “En los últimos años [2018-2022] respondimos 11,029 consultas en nuestra labor de orientación al público”, aseveró.
Luna explicó que la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales también es un órgano dedicado a amparar el derecho de los ciudadanos cuando una entidad pública o privada no lo atiende como corresponde, mediante una tutela directa.
“Por ejemplo, si una persona pide que rectifiquen una información que figura en la web, en la que aparece como investigada y no como testigo en un proceso, y no le hacen caso, puede acudir a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales para que en un procedimiento trilateral de tutela ampare su derecho a la rectificación del dato”, recalcó.
Pérdidas
El funcionario se refirió asimismo a los casos en los que hubo “una brecha de seguridad” en una entidad bancaria o de seguros donde se perdió información o se expusieron datos sensibles de ciudadanos, vinculados con su salud, desde una clínica o nosocomio.
“La autoridad toma cartas en el asunto, realiza una fiscalización y verifica si se incumplió o no la Ley de Protección de Datos Personales. Si advierte que hay alguna infracción, porque no se adoptaron las medidas de seguridad, empezará un procedimiento sancionador e impondrá multas”, detalló.
En declaraciones al Diario Oficial El Peruano, Luna manifestó que en el 2022 se impusieron multas por más de ocho millones de soles por infracciones a la mencionada ley.
El funcionario sostuvo que entre las infracciones más habituales que se cometen respecto a la protección de datos personales son las inobservancias a la ley. Por ejemplo, dijo, que las entidades no cuenten con una política de privacidad completa, como lo establece el artículo 18.
“Es decir, no se precisa con detalle qué datos están recolectando, con qué finalidad, si van a ir a parar a un tercero, con qué propósito, cuánto tiempo se van a conservar. Todos esos son datos que deben figurar en una política de privacidad”, advirtió.
Otra infracción habitual, expresó, se presenta cuando las instituciones no recaban el consentimiento de los ciudadanos para el uso autorizado de los datos personales.
Figuran también la falta de medidas de seguridad, pues “las entidades públicas y privadas a veces son laxas en establecer protocolos de uso de cierta información”, sostuvo el director general de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
“Si hay determinados servidores públicos encargados de la custodia de la base de datos, lo lógico es que tengan un usuario y contraseña para que se sepa por un registro de interacción lógica quién entra, a qué hora ingresa y qué hace en ese sistema. Por ejemplo, esta es una medida de seguridad que a veces no se cumple”, subrayó.
Luna mencionó, además, como otra infracción a la ley que los bancos de datos de las entidades no estén debidamente custodiados, no solo en el aspecto virtual, sino también en el cuidado de los archivos físicos que contienen la información.
“Una entidad pública puede tener su base de datos personales no digitalizadas, están en físico, por lo que es importante que cuenten con ambientes seguros para conservar la información y que no cualquiera pueda entrar y desaparecer, por ejemplo, datos de salud”, puntualizó.
Consejos a ciudadanos
Es importante que el ciudadano sepa que existen, lamentablemente, delincuentes que están a la caza de datos personales, contraseñas y otros para acceder a la información personal que circula por internet y usarla en su provecho, advirtió Eduardo Luna.
“Por lo tanto, hay que adoptar medidas de seguridad, contraseñas fiables y variarlas con el tiempo, no hacer caso de mensajes sospechosos que no provengan de una fuente formal, ni de una página que no tenga los candados de seguridad cuando se trata de un banco”, alertó.
El funcionario aconsejó también a los ciudadanos llamar directamente a la entidad bancaria o financiera, por ejemplo, para comprobar si el tipo de bien o servicio que ofrecen por WhatsApp es real, cuando tengamos sospechas de este tipo de comunicaciones.
Es necesario, dijo, buscar la fuente original de la información para no ser víctimas de suplantaciones de identidad o de recolección de datos de la intimidad económica de cada persona que al final pueda perjudicarla.
Cifra
136 resoluciones de procedimientos sancionadores emitió la autoridad nacional, en primera instancia, en el 2022.
