Mediante la Proposición Legislativa N.° 00453-2026-2031-CD, presentada el 28 de septiembre de 2026, el Grupo Parlamentario Juntos por el Perú, presentó un proyecto de ley que busca tipificar el delito de manipulación coordinada e inauténtica en el ecosistema digital durante los procesos electorales para resguardar la libre determinación del voto.
Tres personas fueron detenidas por la PNP tras el asesinato de la candidata regional de Áncash, Susy Aponte Polo, perpetrado el 19 de septiembre durante un acto proselitista en Caraz. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, confirmó las capturas, destacó la coordinación entre la Fiscalía y la Policía, e informó que se investigan diversas hipótesis para dar con los autores intelectuales del crimen.
Mediante la Proposición Legislativa N.º 00205-2026-2031-CD, 11 de setiembre del 2026, presentada por JP, se propone modificar el Código Penal, con el objetivo de fortalecer la respuesta penal frente a la minería ilegal ejecutada directamente en cuerpos de agua y frente al empleo de mercurio, cianuro de sodio, cianuro de potasio y otras sustancias químicas peligrosas o altamente contaminantes.
La proposición legislativa tiene por objeto incorporar el art. 222-E al CP para sancionar al administrador, gerente, representante legal o funcionario de una empresa operadora que, teniendo competencia funcional y posibilidad real de actuar, omita dolosamente ordenar o ejecutar la baja de un servicio móvil o el bloqueo de un equipo terminal vinculado a la comisión de un delito.
El hallazgo de cinco boletas electrónicas por S/ 1,238,749.20 a nombre de un extrabajador del semanario Hildebrandt abre un debate sobre falsedad documental, lavado de activos y defraudación tributaria. Se examinan los tipos penales, la autoría, la pena y las estrategias fiscales, bajo la presunción de inocencia y el derecho penal como última ratio.
El artículo examina las implicancias penales de las boletas electrónicas cuestionadas a la empresa Plutón Editores S.A.C. Delimita la frontera entre la infracción administrativa y los delitos de defraudación tributaria, contable y lavado de activos, concluyendo que la imputación exige probar la realidad económica y el perjuicio fiscal, sin criminalizar automáticamente faltas documentales.
El artículo analiza la devolución reiterada de la acusación fiscal a partir del Exp. N.° 1402-2024-11-1826-JR-PE-01. Sostiene que, sin imputación concreta, la igualdad de armas exige valorar el sobreseimiento y la responsabilidad funcional del fiscal, en lugar de convertir al juez en corrector indefinido del Ministerio Público.
