Ello pasa por establecer que la gestión de los funcionarios del Sistema Nacional de Adquisiciones tiene que estar basada en resultados. Asimismo, se contempla establecer un régimen de contratación pública unificado, incluyendo aquellos regímenes especiales de contratación vigentes actualmente.
Con esta propuesta de ley se busca también incluir en las contrataciones del Estado los principios de colaboración, innovación y valor por dinero. El segundo de los mencionados habilita a las entidades contratantes a impulsar la generación de soluciones y crear o desarrollar bienes, servicios u obras innovadoras.
El valor del dinero, a su vez, es un principio que llevará a las entidades estatales a maximizar el valor que obtienen en cada contratación, sobre todo en lo que respecta a eficiencia, eficacia y economía.
Además, se plantea en el proyecto de ley incorporar a los procesos de contratación la gestión de riesgos, señalando que las entidades contratantes deben identificar estos, basándose en prácticas como el análisis y el monitoreo. También se propone promover la integridad en las compras públicas, recalcando la importancia de mantener una buena conducta funcional.
Se pretende, asimismo fortalecer el rol supervisor del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), acompañando a la entidad pública contratante en la mejora de su gestión, aplicando medidas correctivas, validando procesos en curso o suspendiendo estos.
De aprobarse este proyecto, la OSCE también pasaría a administrar el listado de profesionales no elegibles para formar parte de los equipos técnicos propuestos por los proveedores del Estado. Esta relación la conforman quienes han incurrido en infracciones específicas.
