Resumen: Se analiza un proceso de desalojo por ocupación precaria en el que la empresa demandada sostenía que su posesión se encontraba justificada por un contrato de arrendamiento celebrado con quien afirmaba ser el verdadero comprador del inmueble; sin embargo, la parte demandante alegaba que la compraventa alegada había sido resuelta por falta de pago del saldo del precio y la ausencia de escritura pública. La Corte Suprema determina que la resolución contractual se efectuó válidamente, pues la vendedora requirió el cumplimiento de las obligaciones mediante carta notarial, otorgó el plazo de quince días, ante el incumplimiento, comunicó la resolución del contrato. Asimismo, advierte que la empresa demandada conocía dicho procedimiento, ya que su representante recibió las comunicaciones notariales correspondientes. En ese contexto, el contrato de arrendamiento no constituía título suficiente para justificar la posesión del inmueble, por lo que la empresa tenía la condición de ocupante precaria. Por ello, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación y mantuvo la decisión que ordenó el desalojo.
Un arrendamiento no justifica la posesión cuando el arrendatario conoce que a su arrendador le fue resuelto su título de propiedad (Casación N.º 856-2022-Lima Norte)
Jurisprudencia aplicable a los arts. 911 y 1429 del CC y el IV Pleno Casatorio Civil

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