Resumen: Se analiza un proceso de indemnización por daños y perjuicios en el que el demandante alegaba haber sufrido daño moral debido a denuncias penales formuladas en su contra por presuntos delitos de falsificación documental y fraude procesal. Las instancias inferiores consideraron que las denuncias carecían de sustento probatorio y que la segunda se interpuso reiterando los mismos hechos, sin aportar nuevos elementos. La Corte Suprema determina que el ejercicio del derecho a denunciar no excluye la responsabilidad civil cuando la imputación se formula a sabiendas de su falsedad. Asimismo, precisa que la reiteración de la denuncia en esas circunstancias evidencia el dolo exigido por el artículo 1982 del Código Civil. Por ello, declara al pago de una indemnización por daño moral.