Resumen: Se analiza un proceso de nulidad de acto jurídico en el que el demandante, en su condición de hijo y heredero de uno de los copropietarios del inmueble, cuestionaba el título de propiedad otorgado por Cofopri a favor de una tercera persona, alegando que se había afectado su derecho sobre el bien; no obstante, las instancias inferiores consideraron que la controversia debía tramitarse en la vía contencioso-administrativa, al tratarse de un título expedido por una entidad pública. La Corte Suprema determina que dicha conclusión era errónea, pues no existía impedimento para cuestionar el título mediante un proceso civil cuando se invocaban las causales de nulidad del acto jurídico previstas en el artículo 219 del Código Civil, y no las causales de nulidad del acto administrativo. Asimismo, advierte que las instancias anteriores omitieron valorar los argumentos del demandante y la jurisprudencia que permitía discutir la controversia en dicha vía. En ese contexto, la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación, anula la resolución de vista y ordena emitir un nuevo pronunciamiento, previo reexamen de la relación jurídica procesal.