Resumen: Se analiza un proceso de indemnización por daños y perjuicios en el que el demandante alegaba que la ocupación de su inmueble por parte de una municipalidad le impidió ejercer la posesión y lo motivó a venderlo por un precio inferior a su valor comercial. Las instancias inferiores estimaron en parte la indemnización respecto del lucro cesante, calculada a partir de la diferencia entre el precio de venta y el valor comercial del terreno. La Corte Suprema determina que dicha decisión carecía de una motivación suficiente, pues la sala no analizó los demás elementos de la responsabilidad civil para justificar la indemnización. Por ello, declara fundado el recurso de casación, anula la sentencia de vista y ordena que se emita un nuevo pronunciamiento que subsane las deficiencias advertidas.