Resumen: La Corte analiza un proceso de desalojo por ocupación precaria en el que el demandante sostenía que la empresa demandada carecía de título para poseer el inmueble; no obstante, se acreditó que esta mantenía un contrato de arrendamiento vigente, celebrado con quien actuaba como apoderada del propietario, y que dicha relación contractual había sido ratificada posteriormente mediante un acuerdo conciliatorio. En ese contexto, se determina que la demandada contaba con un título que justificaba su posesión, por lo que no podía ser considerada ocupante precaria. Asimismo, la Corte señala que la carta notarial mediante la cual la demandada manifestó que no suscribiría un nuevo contrato ni pagaría la renta no era relevante para resolver la controversia, pues cualquier incumplimiento del acuerdo conciliatorio debía exigirse por la vía correspondiente.