Resumen: La Corte Suprema analiza un proceso de obligación de dar suma de dinero, en el que los demandantes solicitan el pago del valor de una edificación construida en terreno ajeno, alegando haber actuado de buena fe. No obstante, la sala superior declaró improcedente la demanda al considerar que existía incongruencia entre los hechos expuestos y el petitorio, debido a que se invocó normas aparentemente contradictorias sobre accesión. Frente a ello, el supremo tribunal determina que dicho razonamiento constituye un formalismo excesivo que vulnera el derecho al debido proceso y a la debida motivación, pues el órgano jurisdiccional omitió pronunciarse sobre el verdadero núcleo del conflicto: la determinación de la buena o mala fe de las partes en la construcción. En ese sentido, precisa que el juez no puede eludir el análisis de fondo por errores en la invocación normativa.