Resumen: Se analiza un proceso de autorización judicial de demolición en el que la municipalidad solicitaba ejecutar el derribamiento de una construcción realizada sin licencia de edificación; sin embargo, el propietario cuestionaba la medida alegando que la resolución coactiva había sido notificada irregularmente y que la propia Municipalidad había incluido la construcción en la tasación del inmueble para efectos del cobro de tributos municipales. La Corte Suprema determina que el proceso de demolición previsto en el artículo 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades tiene naturaleza autónoma y no constituye una vía para revisar la regularidad del procedimiento de ejecución coactiva ni la validez de sus notificaciones, cuyos eventuales defectos deben cuestionarse por los mecanismos correspondientes. Asimismo, precisa que la inclusión de una construcción en la tasación municipal no implica su convalidación ni el reconocimiento de su legalidad. En ese contexto, al encontrarse firme la resolución administrativa que ordenó la demolición y no haberse acreditado su nulidad, correspondía confirmar la autorización solicitada por la municipalidad.
En el proceso de demolición no se permite cuestionar las notificaciones coactivas ni amparar la posible legalidad de edificación a partir de una tasación municipal (Casación N.º 1636-2022-Lima)
Jurisprudencia aplicable al artículo 49 de la LOM y al art. 7 de la LPAG

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