Resumen: La Corte Suprema examinó una demanda en la que una persona trans solicitó cambiar el sexo consignado en su DNI, alegando que dicha discordancia le generaba discriminación en el ámbito laboral y social. Sin embargo, al resolver, la sala superior incurrió en tres deficiencias graves: ordenó la expedición de una nueva partida de nacimiento pese a que la demandante nunca lo solicitó; aplicó la Opinión Consultiva 24/17 de la CIDH sin contrastarla con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; y omitió analizar los efectos jurídicos concretos que el cambio de sexo produciría en el ejercicio de los derechos civiles de la demandante. En tal sentido, se ordenó un nuevo pronunciamiento.